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Fundación Huésped reclamó que se respeten los derechos de la niña tucumana abusada

polémica

La organización se sumó al reclamo de diferentes organizaciones locales para que la menor que fue víctima de una violación en un ámbito intrafamilar acceda a la Interrupción Legal del Embarazo en el sistema público de salud.

La ley vigente habilita la ILE en tres casos, sin embargo, hay dificultades en su cumplimiento. La foto es de Elena Nicolay para Colectivo La Palta.





La Fundación Huésped se sumó este viernes al reclamo de diferentes organizaciones que defienden los derechos de las mujeres para que se respeten los derechos de la niña tucumana de 11 años que quedó embarazada tras ser violada en un ámbito intrafamiliar. A través de las redes sociales, la organización solicitó a las autoridades locales que no se obstaculice el acceso de la víctima a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el sistema público de salud.   

A través de su cuenta de Twitter, la institución que trabaja en áreas de salud pública desde una perspectiva de derechos humanos, cuestionó la excesiva demora en la autorización práctica por parte del SIPROSA. “La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura", plantearon desde la Fundación.

En ese sentido, Huésped remarcó que la Justicia sólo debe intervenir para investigar el abuso que sufrió la niña. "Cualquier artimaña de funcionarios judiciales para dilatar la práctica conlleva mal desempeño del funcionario público y deberá ser debidamente investigada por las autoridades competentes", agregaron.

Además, indicaron que “cualquier diferencia entre la decisión de la madre y de la niña debe ser resuelta por el personal de la salud de acuerdo al interés superior de la niña y el bienestar de su salud”.

Por último remarcó que "desde 1921 el Código Penal contempla causas justificatorias para la interrupción del embarazo y el caso de esta niña entra claramente en ellas". "El Fallo FAL de La Corte Suprema de 2012 exigió que no se impida el acceso a la práctica burocrática o judicialmente".



Presentación de organizaciones feministas

Las organizaciones ‘Mujeres x Mujeres’, 'La Guardia Feminista de Abogadas' y el colectivo Ni Una Menos Tucumán, enviaron una nota al secretario Ejecutivo del SIPROSA, Gustavo Vigliocco, en donde expresaron su repudio a la "violación de la autonomía progresiva de niñas y adolescentes que deciden interrupir legalmente un embarazo" y cuestionaron el tratamiento informativo realizado por matutino local. 

"Como es de público conocimiento, La Gaceta viene publicando desde hace una semana información sensible judicial y sanitaria de una niña víctima de abuso que ha pedido en reiteradas oportunidades, tanto en sede judicial como en sede hospitalaria, la interrupción de un embarazo producto de una violación que además pone en riesgo su vida", señalaron en la misiva.   




El caso

A comienzos de febrero la madre de la menor denunció en la Unidad Regional Este que su hija fue abusada por la pareja de su abuela. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en una localidad del interior provincial. La niña actualmente lleva 16 semanas de gestación y está internada en un Hospital del sistema público de salud, bajo la supervisión de profesionales.

Paralelamente, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter, intervino en el caso y mandó a detener al sospechoso, que es empleado público de la comuna donde reside.

Qué es la ILE

ILE significa Interrupción Legal del Embarazo. Las leyes actuales argentinas contemplan en el Código Penal ese derecho de las mujeres. A esto, se suma el Fallo F.A.L, que sentó precedentes.

Los casos en los que el aborto no es punible son: si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social) y si el embarazo proviene de una violación. La mujer no debe pedir autorización a la Justicia y tampoco es necesaria una denuncia previa por violación.

Cabe destacar, en este sentido, que en 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el objetivo de "promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país".