Top

Polémica por una joven que fue denunciada por un aborto

DEBATE

La mujer, de 18 años, fue denunciada por los médicos que la atendieron cuando llegó a un hospital del interior tucumano con una hemorragia. Su identidad quedó expuesta ante los medios y una ginecóloga advierte que se violó su derecho al secreto profesional.

La foto es de Elena Nicolay para Colectivo La Palta.





Esta semana trascendió a los medios, a través de un parte policial, el caso de una joven de 18 años que fue atendida en un hospital del interior tucumano por una hemorragia producida por un aborto. Los médicos rompieron el secreto profesional y dieron a conocer su nombre y su edad. La actitud de los profesionales generó polémica en las redes sociales. Por otra parte, la ginecóloga Cecila Ousset advirtió que este tipo de conductas impiden que las mujeres más vulnerables busquen asistencia porque se quiebra un pacto de confianza. 

A través de Twitter, entre otras personas que se hicieron eco de la situación, la periodista Celina de la Rosa advirtió: "Una joven tucumana embarazada llegó a un hospital de hemorragia y fue acusada de presunto aborto. El equipo médico que debía atenderla la denunció a la policía, violando el secreto profesional. En el parte policial difundido a los medios consignaron su nombre y edad". 

A raíz de la publicación, se generó una polémica por el accionar de los profesionales que la atendieron. "La paciente, si les confió que se había realizado un aborto, lo principal era guardar el secreto médico", evaluó Ousset, quien en junio escribió la carta abierta -y viral- "No soy Neutral", en donde cuenta su experiencia como trabajadora de la salud en relación con los abortos clandestinos y resume brevemente su cambio de posición al respecto.


Ousset señaló sobre este caso en particular que el médico no puede quebrar la confianza con el paciente. "Si bien es cierto que nos han formado de esa manera, ahora ya quedó más que claro que es un delito romper el secreto profesional. El secreto médico está por delante de todo, no se debería haber denunciado a la policía", consideró.


En ese sentido, advirtió que la mayoría de las mujeres que llegan a los hospitales públicos por abortos mal realizados provienen de sectores vulnerables y que este tipo de denuncias les hacen replantear la posibilidad de buscar ayuda profesional en este tipo de situaciones. "Una mujer que no tiene recursos, prefiere morir que ir al hospital porque si piensa que le va a contar al médico y el médico le va a contar a la policia, prefiere morir", lamentó.


En este caso particular, Ousset señaló que la joven "ha sido derivada a un hospital de mayor complejidad, previa denuncia policial". La ginecóloga considera que se vulneró el derecho de la paciente y, en cierta forma, estas prácticas responden a las viejas enseñanzas que los profesionales recibieron y que, en general, se repitieron en toda Latinoamérica. En este aspecto, recordó una campaña que se realizó en Uruguay antes de que se legalizara el aborto. "Se llamaba 'Mi médico no es buchón", precisó la especialista, quien explicó que la importancia de la misma residía en reforzar el concepto del secreto profesional como un derecho del paciente. 

Por otra parte, Ousset señaló que las mujeres de sectores vulnerables son las más perseguidas. "El problema es que no queda claro que todas las clases sociales abortan, pero solamente las pobres mueren. Y por qué, justamente por esto, poque no hay una confianza con el médico del hospital público, porque se prioriza la ley, la persecución, ante el derecho de la paciente a la buena atención y al secreto", consideró. "La única forma de salvar a las clases más vulnerables es guardando el secreto profesional y haciendo que las pacientes tengan la confianza de asistir al hospital público", remarcó. 

Este tipo de quiebre, señala la ginecóloga, perjudica la confianza de las pacientes que sufren complicaciones de salud por abortos mal realizados y provoca que no sean sinceras a la hora de dar datos a los médicos. "Perdés horas que son valiosísimas para la vida de la paciente", alertó.

En el debate que se originó en las redes sociales a raíz de este caso, algunos de los planteos apuntaban a que los médicos deben denunciar para cubrirse legalmente. Sin embargo, Ousset indicó que el principal resguardo no es la denuncia, sino la historia clínica de los pacientes. 

"Justamente nos han enseñado eso, que si la paciente confesaba maniobras abortivas las teníamos que declarar o avisar a los familiares. Pero eso no es correcto, lo correcto es escribir todo en las historia médica", evaluó. "La historia clínica es un documento que no se adultera y si hay alguna complicación, está", explicó. En ese sentido, señaló que sirve como respaldo en caso de que los familiares o la misma paciente inicie acciones legales posteriormente. 

En ese sentido, señaló que se deben asentar los detalles clínicos de los casos. "Todos son abortos, pero algunos tienen más riesgos que otros", señaló la médica, que indicó que los pormenores de cada caso deben incluirse y se debe actuar en consecuencia. "Ahí se termina nuestra participación", evaluó. "De los juicios de mala praxis nos defendemos con la historia clínica bien hecha", aseguró.

Para finalizar, Ousset señaló que "lo importante es recalcar y que la población tome conciencia de que es su derecho el secreto profesional". "Sería bueno que el hospital actúe bajo el secreto profesional, si ya abortaron que tengan la confianza de ir al hospital a pedir ayuda", continuó. "Lo digo como persona que violó el derecho profesional en el hospital público, me acuerdo y me quiero matar. Nuestros jefes nos enseñaban eso, era una naturalización absoluta, pero después de toda el agua corrida bajo el puente, no podemos decir que lo hemos hecho con inocencia", reflexionó en relación al debate por la legalización del aborto realizado el año pasado en el Congreso.


"Ningún caso de aborto justifica una causa de revelación legal del secreto profesional"

La abogada Soledad Deza, señaló que, desde el punto legal, toda relación médico-paciente que se entable por una cuestión de salud está protegida por la confidencialidad. "Es el deber que tiene tiene el profesional de guardar secreto de todos los datos que conocen a través del ejecrcicio de su profesión", explicó la letrada que forma parte del espacio Mujeres x Mujeres

Deza agregó que ese deber de resguardar la intimidad de la paciente sólo cede cuando hay justa causa. "Ningún caso de aborto justifica una causa de revelación legal del secreto profesional, por el contrario", aclaró. Además, comentó que tanto la denuncia postaborto formulada por profesionales de la salud, como también el hecho de requerir la confesión como condición para recibir atención sanitaria, son considerados casos de tortura.


Sobre este tipo de casos, Deza agregó que a estas denuncias se suma la connivencia de los medios hegemónicos que reproducen esas noticias revictimizando a las mujeres. "Y en última instancia hay una pata judicial que termina brindando datos de una causa, o bien no archiva esa causa judicial que es producto de un delito como lo es la violacion del secreto médico", consideró.


La letrada también indicó que el Movimiento de Mujeres ve con preocupación otra situación que se repite a lo largo y ancho del país: "la violación de la intimidad en todos los casos infantiles donde a partir de una delito sexual en la vida de una niña se avasalla el interés superior de la niña y se convierte a la niña en un caso". "Empecemos todos a tomar conciencia de que no son casos, son niñas y que la intimidad nos compete a todos", reflexionó.


En ese sentido, Deza recordó que "Tucumán es la tierra de Belén, donde una joven pagó con 29 meses de su vida, con 29 meses de cárcel, una violación de secreto profesional". "En esta provincia más que cualquier otra debería combatirse, sancionarse el quiebre del secreto profesional", concluyó.