Califican como "crítica" la situación del embarazo adolescente en Tucumán

La semana pasada, Alfonso Prat Gay brindó una entrevista en un programa de La Nación+ en donde manifestó sus intenciones de competir por la gobernación de Tucumán. Durante la charla, la periodista Luciana Vázquez le consultó sobre la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en Tucumán y el economista respondió que "no se trata de una prioridad". Sin embargo, desde el Gobierno nacional consideran que la situación en la provincia es "crítica". 

"No creo que sea una prioridad la ESI.  Puede parecerlo desde el puerto, los porteños están acostumbrado a ver las cosas por su propia lupa. La verdad que la prioridad en Tucumán pasa por otro lado; pasa por la inseguridad, el narcotráfico, la falta de infraestructura", indicó el exministro de Economía. "Hace un año y medio que estoy recorriendo en Tucumán y nunca, ni en una sola recorrida nadie se refirió a la ESI ni a como resolver esta cuestión que vos estás planteando". 

A raíz de esas declaraciones, el sitio Chequeado.com -un medio digital no partidario y sin fines de lucro que se dedica a la verificación del discurso público y la promoción del acceso a la información y la apertura de datos- brindo datos sobre la situación que vive Tucumán en relación con el embarazo adolescente. 

El informe señala que, según las cifras oficiales de 2015 que presentó el Gobierno cuando creó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en Tucumán el 19% de los nacimientos fueron de madres menores de 20 años cuando el promedio del país era del 15,5 por ciento. En 2016 (último dato oficial), la provincia también se ubicó por encima de la media nacional. En el informe también se destaca que en el 68,2% de los casos, los embarazos no fueron intencionales. 

Son esos datos los que hicieron que Nación eligiera a Tucumán -con otras 11 provincias- para aplicar el Plan ENIA, que busca disminuir la cantidad de embarazos no deseados entre las adolescentes. El plan implica el trabajo conjuntos de distintos ministerios, como el de Salud y Desarrollo Social y el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que tienen el objetivo de garantizar los derechos de los y las adolescentes a acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y asesoría en las escuelas, consejería en salud sexual y reproductiva, y actividades de promoción comunitarias. El artículo surgido por las declaraciones de Prat Gay también revela que en las Pruebas Aprender 2017, el 56 por ciento de los alumnos de secundaria a los que se les consultó si había temas que la escuela secundaria debería enseñar y no aborda, respondió que se necesita educación sexual.

En este contexto, cabe destacar que el embarazo adolescente trae consecuencias para la mujer. Según Amnistía Internacional, comparadas con mujeres de 20 a 24 años, las niñas madres menores de 15 años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo- Además, la maternidad a edad temprana tiene una correlación significativa con un menor rendimiento educativo y peores resultados en el mercado laboral para las mujeres.