¿Cómo afectará a Tucumán la quita de subsidios al transporte?

presupuesto 2019

El traspaso de los subsidios a las provincias provocaría que el boleto de colectivo supere los $30. La medida fue establecida en la addenda al Pacto Fiscal girada a los gobernadores que busca cerrar el acuerdo para el Pacto Fiscal 2019.




El subsidio al Transporte Público es uno de los puntos a ajustar por parte del Gobierno Nacional, que busca lograr el déficit cero en 2019 para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El monto de $44.000 millones es lo que la administración de Mauricio Macri busca traspasar a las provincias, que de aprobarse el Presupuesto del próximo año en el Congreso de la Nación, deberán afrontar los gastos o cortar la ayuda económica y dejar que el boleto aumente de valor.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, adelantó la semana pasada que sin los subsidios nacionales el boleto en la provincia costaría más de $30. “Los primeros números que hicimos es que el boleto va estar entre $34 y $36. Hay que tener prudencia, es un momento en que  a la gente le han subido mucho todo, la luz, el gas, la comida, la nafta, el gasoil y ahora esto. Es mucho plata”, advirtió el mandatario deslizando que no podría afrontar el gasto de $2.000 millones que le correspondería a la provincia.

Esto generaría una turbulencia en el transporte público provincial, que ayer tuvo su segundo aumento en lo que va del año, esta vez del 24%.  Tucumán cuenta con Boleto Estudiantil Gratuito para los estudiantes del interior y de San Miguel de Tucumán. La quita del subsidio aumentaría los costos considerablemente y un contexto de ajuste estos beneficios se verían en duda, como también el anuncio del intendente Germán Alfaro,que para 2019 prometió el Boleto Universitario Gratuito.

 La medida de traspaso de subsidios fue plasmada en la adenda al Pacto Fiscal girada el último miércoles a los gobernadores y que desde Nación esperan sea aceptada por los jefes de cada distrito. El documento, además, establece la mantener la rebaja progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos, y confirma la transferencia a las provincias de la responsabilidad sobre la tarifa social de luz.

Este último punto genera tensiones con los gobernadores que se resisten a absorber el gasto que rondaría los $15.000 millones y que desde un principio fue un problema en las negociaciones ya que el traspaso había sido impuesto por decreto y sin ser negociado por el Gobierno Nacional, algo que disgustó a los mandatarios.  

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