Buscarán aprobar una nueva ley de vacunación obligatoria para chicos y adultos

El próximo martes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunirá para intentar emitir dictamen sobre un proyecto de ley de vacunación obligatoria y gratuita para todas las etapas de la vida.

La iniciativa pertenece al diputado tucumano Pablo Yedlin (Argentina Federal), quien está convencido de que el proyecto tendrá dictamen ya que tiene consenso de todo el arco político y ya fue aprobado por los asesores de la comisión. “Trabajamos con representantes del Frente para la Victoria, de Cambiemos, del PRO, del radicalismo -asegura Yedlin, pediatra, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y vicepresidente de la Comisión de Salud-. También con el ministro Adolfo Rubinstein, y con toda el área técnica del ministerio. Hay acuerdo general”, expresó el ex ministro de Salud de la Provincia a La Nación.

Además, el proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad de Medicina, la OPS, Unicef y la Fundación Huésped.

"La idea es actualizar la ley existente, que data de 1983 -afirma el legislador-, generar una herramienta para la política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunas, facilitar la gestión y logística del programa de inmunizaciones, y eliminar el pago de impuestos a estos insumos prioritarios para la salud pública", agregó Yedlin.

Además de su obligatoriedad y el acceso a los servicios de vacunación en todas las edades, declara a la vacunación como de interés nacional (incluyendo la investigación, la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones basadas en la evidencia, y también su producción, y las medidas tendientes a fomentar la vacunación y fortalecer la vigilancia de su seguridad).

El Estado tendrá la obligación de asegurar las partidas de presupuesto necesarias para su cumplimiento, y prescribe la intangibilidad de esas partidas. También contará la potestad de verificar su cumplimiento (y eventualmente realizarla en forma compulsiva, previo fallo judicial) al ingreso escolar, en las universidades públicas y privadas, al gestionar documentos como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, el certificado de supervivencia y de residencia, y al hacerse exámenes prelaborales y periódicos de trabajo.

“Una de las grandes ventajas de nuestro programa es que todos reciben las mismas vacunas, y no hay que discriminar por obra social o capacidad de pago. Eso es lo que no puede estar en riesgo y lo que esta ley intenta garantizar. Si el sistema se descentralizara, de modo que cada provincia tuviera que hacerse cargo de su propio programa de vacunación, sería un caos", finalizó el diputado.