Mendoza: "Que vaya cualquiera y haga un aborto ¿Ydiai? ¿Quién lo paga?"

“Declarase a la Provincia de Tucumán como PROVINCIA PROVIDA considerando como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre hasta la muerte natural”. Así reza el proyecto de resolución que pretende declarar a Tucumán en contra de la despenalización del aborto, ad portas del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que tendrá lugar en el Senado de la Nación el próximo miércoles 8 de agosto.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Sandra Mendoza, en conjunto con su cuñado, el mellizo Juan Enrique Orellana. La legisladora asegura que tiene asegurada la mayoría para que el proyecto se convierta en ley, lo que significa que se dificultará la adhesión a la ley nacional, en caso de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo resulte sancionada. “Si llega a salir aprobada el jueves en la Legislatura no creo que vaya a tener adhesión en Tucumán”, adelanta la parlamentaria que fue candidata a diputada por el Frente Justicialista en las elecciones de medio término.

La legisladora es clara en sus ideales, y cita una encuesta en la que ─asegura─ un 60% de los tucumanos están en contra de la despenalización del aborto.

La medida de Sandra Mendoza es similar a la redactada por los concejales capitalinos Sandra Manzone y Ricardo Bussi, aprobada por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, donde se condiciona el expendio de Misoprostol, píldora que propicia la interrupción del embarazo, en las farmacias de la capital tucumana.

“El único que decide quién debe morir y vivir es Dios; primero por principios religiosos y segundo la constitución dice que se es persona desde la concepción”, fundamenta Mendoza su presentación. Por otro lado, se muestra de acuerdo con las mujeres que deciden abortar a causa de una violación: “Estoy de acuerdo en que las mujeres violadas se los hagan, pero por qué vamos a dar libre albedrío; hay otras cosas que debemos hacer: en Tucumán debemos adherir a la ley de Educación Sexual Integral, uno tiene que informar”, asegura la legisladora y propone agilizar la ley adopción: “Tenemos que avanzar en la ley de adopción, hay tantas familias que quieren un hijo y no lo pueden tener por las trabas. Hay mujeres que lamentablemente no lo pueden criar ¿y por qué lo va a matar si hay otra familia que lo puede criar y mejor que ella?”.

Tucumán es una de las pocas provincias que no adhirió a la ley nacional que reglamenta el dictado de Educación Sexual en escuelas públicas y colegios privados. Sobre la no adhesión de la Provincia, Mendoza responsabiliza a las agrupaciones católicas: “Hay proyectos de ley que presentamos, pero cuando querés tocar el tema se te vienen las organizaciones católicas en contra”.

Mendoza se opone enfáticamente a la Ley IVE y cuestiona el financiamiento que tendrá en caso de ser sancionada. “¿Quién le va a pagar a todos los médicos?, ¿qué va a pasar con los médicos que no están de acuerdo?, ¿de dónde va a salir el presupuesto, porque supuestamente te hablan de una millonada que sale hacer un aborto? Que vaya cualquiera y haga un aborto ¿Ydiai? ¿Quién lo paga? Estamos en un país que está incendiándose, ¿de dónde va a salir la plata ahora para los abortistas?”, reclama la parlamentaria justicialista y admite que el rechazo de la ley no terminará con los abortos clandestinos. “Hay millones de cosas gratuitas, pero para eso tenés que informar”, insiste y aclara: “No se van a terminar los abortos, pero tampoco va a ir libremente una persona a hacer lo que no debe hacer”.