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Culpan a Nación por la falta de casas, que afecta a 50 mil tucumanos

Necesidad social

La secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, recibió a un grupo de engañados por gestores truchos y se comprometió a "flexibilizar" los requisitos para acceder a una vivienda a través del Instituto de la Vivienda.

Entre los estafados hay grupos organizados y otros que se manejan de forma individual. No todos son escuchados por el Gobierno





Según datos que maneja el gobierno provincial, en la actualidad “son 50 mil los tucumanos que carecen de viviendas”, menciona una nota que fue publicada en el portal de la Secretaria de Comunicación.

“La capacidad de respuesta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) está desfinanciado por Nación desde hace dos años por lo que vamos a trabajar no sólo en cuáles serán los requisitos para ser postulantes sino cómo poder incrementar la capacidad de respuesta”, aseguró la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, quien ayer recibió a un grupo de personas que hace un mes fueron estafados por supuestos gestores. 

“Estamos haciendo la base de partida para que todos los tucumanos tengan las mismas condiciones (para acceder a una vivienda)” y que “estén en un mismo nivel la gente con un sueldo mínimo con aquella que tienen trabajo temporario”, dijo Manuel Liquitay, uno de los engañados, luego de la reunión.

“Tenemos esperanzas ya que el gobierno tiene voluntad de hacer las cosas pero algunas no pueden ser de forma inmediata”, indicó.

El perjudicado por gestores truchos también denunció a “gente que está vendiendo por internet a 500 mil o un millón de pesos una casa y otraos que deben más de 60 cuotas, las subalquilas y nadie los sanciona”.


“Esta situación la hacemos porque hay un real estado de necesidad en muchas familias tucumanas y le dejamos en claro que no está directamente relacionado con sus problemas de damnificados por una estafa que plantean”, dejó en claro la funcionaria.

Los engañados habían presentado un petitorio de cinco puntos donde también solicitaban atención psicológica. “El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tiene tres servicios de atención y no hay problema de asistir a toda personas que lo necesite”, aclaró la funcionaria. 

A su vez, Vargas Aignasse les aclaró que todo lo que quieran aportar a la Justicia para esclarecer el hecho lo pueden hacer, como la colaboración que está también brindando el Estado pero “esta situación (por la que vivieron) no les da derecho sobre otras familias que tienen las mismas necesidades y tampoco le vamos a proveer de casas”.

“No queremos incidir en forma directa en la causa sino trabajando para acelerar los tiempos de la Justicia y dar respuesta a todos de esta megaestafa”, dejó en claro Liquitay.

Por último, Vargas Aignasse, les recomendó buscar abogados para que los asesoren “despojados de intereses políticos porque ellos se van a ver perjudicados con el problema real que nos convoca, como es la necesidad habitacional”. 

Al parecer los dos asesores letrados que tienen este grupo “no orgánico” (como los definió Vargas Aignasse) trabajarían en un buffet del legislador de Cambiemos Eudoro Aráoz.

Según surge de la investigación, la organización de falsos gestores del organismo provincial comenzó a operar entre 2015 y 2016. Según la investigación, cientos de personas pagaron entre $4.000 y $100.000 a una supuesta asociación ilícita para eludir los trámites de inscripción y sorteo ante el IPV y adjudicarse por vía directa una casa del Estado en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena. 

La principal sospechosa de liderar la banda es Elizabeth Alzogaray, quien está detenida junto a una decena de imputados, bajo la lupa del fiscal Diego López Ávila.