Arrodillados y de espaldas al pueblo

OPINIÓN

Diputados de 23 provincias cambiaron su representatividad. Elegidos por el pueblo, acataron un compromiso asumido por los Estados provinciales con Nación para aprobar una ley repudiada por gran parte de la sociedad que los eligió a través del voto popular: la Reforma Previsional.

Una de las jubiladas que participaron de las marchas contra la Reforma Previsional intenta frenar el avance de un hidrante de Gendarmería. FOTO: M.A.F.I.A


En silencio. Así debatieron los cinco diputados tucumanos que votaron a favor de la Reforma Previsional, luego de una sesión maratónica que duró 17 horas. Se sentaron en sus bancas, sumisos, mirando sus celulares y escuchando fundamentos de un bando y del otro. No emitieron palabra alguna para defender la decisión de apoyar una ley socialmente resistida. Se remitieron a esperar el momento de presionar el botón verde para cumplir con un pacto asumido entre Provincia y Nación. Hicieron oídos sordos al sonido seco de las piedras chocando contra los escudos de plástico, a la madera estrellándose contra carne y huesos, a los gritos, a los bombos y redoblantes, a los cartuchos de gas aterrizando en el pavimento, a los disparos y a las balas de goma rajando la piel.

La competencia de cada cámara de congresales es clara, aunque quizás poco conocida por el público común: mientras el Senado es garante de los gobiernos de las provincias ante Nación, Diputados representa los intereses de la gente que los eligió mediante el voto popular.

La ley del macrismo, que modifica el cálculo de la actualización de los haberes jubilatorios, transformó en senadores a una decena de diputados y puso de rodillas a 23 de los 24 gobernadores. Dejaron de representar al pueblo para cumplir con acuerdos de los Estados provinciales, acorralados por un Pacto Fiscal que aseguraba a los firmantes el freno del Poder Ejecutivo nacional a incrementos extorsivos de impuestos a las economías regionales y a la quita de fondos coparticipables mediante una Justicia funcional al poder de turno. El documento también prometía a las provincias el giro de $17.000 millones en bonos hasta 2019, dinero que saldrá en parte de los $100.000 millones que la norma genera en concepto de ahorro.

127 diputados, incluidos los tucumanos Facundo Garretón, Beatriz Ávila, José Cano, Pablo Yedlin y Gladys Medina, accedieron a disminuir las actualizaciones de haberes jubilatorios, pese a que en lugar de dos aumentos serán cuatro, con la promesa de que la inflación será menor que el incremento resultante. No habría sido posible sin el apoyo de otro comprovinciano, José Orellana, que firmó el dictamen para que la iniciativa llegue al recinto, pero luego decidió quedarse en Tucumán para no participar de la sesión.

Si con el gobierno anterior el incremento era mayor pero el poder adquisitivo menor por la inflación, con la nueva ecuación los jubilados tendrán un incremento menor pero les rendirá mejor. Al menos así se deduce de los rebuscados fundamentos que nunca se pudieron traducir para el público en general, o que el macrismo nunca estuvo dispuesto a comunicar para no admitir la reducción.

Si faltaba alguna confirmación de que la nueva ley rebaja haberes de los jubilados y pensionados, el bono compensador es la prueba. Si el beneficiario no pierde, ¿para qué compensar?

Descontando el accionar de los parlamentarios de Cambiemos, que responden a las directrices del presidente Mauricio Macri, los ediles peronistas no kirchneristas de Tucumán y del resto del país sucumbieron ante la presión de los gobernadores que fueron alineados como escolares y acomodados para una foto que simule consenso.

Lejos estuvo en la realidad el consenso, y mucho menos en la sociedad; fue comprado y malversado en un Congreso en el que 133 de los 245 parlamentarios que se apersonaron para debatir se negaron a someter la reforma a consulta popular, deber de la cámara baja establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Renunciaron a garantizar los intereses del pueblo.

El federalismo ha sido violentado.

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