Eduardo Jairala será el nuevo interventor de la Caja Popular de Ahorros
CAMBIOS EN EL GABINETE
El contador público, que se desempeñaba como secretario de Gestión Administrativa en el Ministerio de Educación provincial, reemplazará a Armando Cortalezzi en la entidad financiera. Fue funcionario en el área económica de Bussi, "Palito" Ortega y Miranda.
El contador público nacional Eduardo Miguel Jairala será el nuevo interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Así lo confirmaron fuentes de gobierno a eltucumano.com. Si bien no hay fecha exacta para su asunción, se estima que lo hará antes del viernes.
Jairala es funcionario de carrera. Fue titular de la Tesorería General de la Provincia durante el gobierno de Antonio Domingo Bussi. También se desempeñó como secretario de Hacienda de Ramón "Palito" Ortega, cargo que mantuvo durante la gestión de Julio Miranda. Con la llegada de José Alperovich, fue traspasado al Ministerio de Educación, donde se desempeñaba hasta este martes como secretario de Gestión Administrativa. Reemplazará a Armando Cortalezzi, que el viernes pasado volvió a ocupar la banca del Concejo Deliberante de Capital que obtuvo en 2015.
En mayo de 2003 estuvo implicado en una
investigación de la Justicia Federal por irregularidades en la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) desplegado por la Nación durante el primer semestre del 2002. Un informe de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación acusaba los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El PEA consistía en una suma de $1,5 millones por mes enviada por Nación, destinada por la Provincia para la entrega de tickets por $25 mensuales a 44.000 beneficiarios, el sostenimiento de 2.500 huertas comunitarias y 20.000 almuerzos mensuales para comedores sociales. Fue canjeada automáticamente por Bonos de Cambio de Cancelación de Deudas (BOCADE) por el gobierno provincial. El monto fue remitido tiempo después de lo previsto por convenio a la Secretaría de Desarrollo Humano, luego de que los pagarés sufrieran una pérdida significativa del poder adquisitivo, lo que habría generado un perjuicio a los beneficiarios del programa nacional.
Seis meses después, el expediente de la investigación ascendía a 500 fojas en las que se les imputaba a los presuntos responsables ─incluido Jairala─ la violación de los deberes de funcionario público, demora injustificada en la remisión de los recursos de un área a otra, defraudación al Estado y vulneración de la intangibilidad de los fondos remitidos por la Nación.
"No recuerdo haber retenido fondos nacionales. Jamás desvié ni un solo peso. Apenas llegaban para el incentivo docente, para el fondo del tabaco o para el Prosoco o el Prosonu, los dineros eran enviados en la misma moneda a las respectivas cuentas", se defendió Jairala en noviembre de 2003, en una entrevista brindada a diario La Gaceta.
