Revocan el sobreseimiento de Manzur por el Plan Qunita

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del gobernador Juan Manzur en el caso del Plan Qunita, un programa asistencial maternal llevado a cabo durante la gestión de Cristina Kirchner.

Desde la Sala III de Casación consideraron "arbitraria y prematura" la decisión del juez Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal de desvincular al ex Ministro de Salud de la Nación de la causa, según informó DyN.

Por este caso, el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y el reemplazante de Manzur como titular del ministerio de salud, Daniel Gollán, ya fueron enviados a juicio junto a otros ex funcionarios y empresarios.

La participación del actual gobernador de la provincia consistió en la convocatoria a la licitación, en la habilitación del pliego de bases y de condiciones y en la autorización para emitir circulares modificatorias. Según habían dicho la Sala II de la Cámara Federal, Manzur "no tuvo implicancia alguna en las supuestas irregularidades que se investigan y dictó su sobreseimiento", el cual ahora fue revocado por los jueces.

Los magistrados Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, consideraron que resultaba arbitrario y prematuro el sobreseimiento, ya que la propia confección del pliego, bajo la órbita de Manzur, "contrariaba la normativa" y podría evidenciar que la licitación "estuvo dirigida a favor de intereses particular", precisaron las fuentes a esta agencia.

En el fallo, además, los jueces insistieron en prestar especial atención a las causas de corrupción en base a los compromisos del Estado argentino con las convenciones de Naciones Unidas.

El programa de asistencia maternal, fue presentado el pasado 16 de julio de 2015 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este consistía en el reparto de 150.000 kits para bebés con un costo para el Estado de 1.100 millones de pesos, algo que fue denunciado al poco tiempo por supuestas irregularidades, en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados.

A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.

Carlos Mahiques es desde 2013 juez de la Cámara de Casación porteña, que a diferencia de la Casación Federal, trata delitos comunes, como robos y homicidios. Antes de llegar a este tribunal, que está en funcionamiento desde 2014, fue juez de un Tribunal Oral Criminal de la Ciudad de Buenos Aires y del Tribunal de Casación Penal bonaerense.En diciembre de 2015 dejó su despacho en Tribunales y asumió como ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nombrado por la gobernadora, María Eugenia Vidal. A fines de mayo de 2016 renunció y volvió a la Cámara de Casación porteña, de donde se había ido con licencia.Con la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia, su hijo Juan Bautista Mahiques fue nombrado subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano. Juan Bautista es, además, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que ahora intervino en la designación de su padre.El otro hijo del juez, Ignacio Mahiques, es fiscal de instrucción porteño, pero desde mayo de 2016 se desempeña como adjunto del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que fue procesada Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en el reparto de la obra pública durante su gobierno.Eduardo Riggi estuvo involucrado en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra y sobreseyó a Gustavo Arribas en el caso Odebrecht. Fue nombrado como juez en la dictadura por Videla. En 1978, fue promovido a Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 4 de la Capital Federal. Riggi fue denunciado por el CELS ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño luego que salieran a la luz escuchas telefónicas donde se pactaban coimas para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.

La causa contra Aribas había sido cerrada por el juez Rodolfo Canicoba Corral sin tener pruebas de las operaciones bancarias que habían sido reveladas por el cambista brasileño Leonardo Meirelles en su país y que luego reveló también en Argentina. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, desistió de apoyar la apelación de su colega Federico Delgado ante la Cámara Federal y finalmente volvió a apelar Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que no había sido notificada para opinar.

Casación dijo que ese organismo sólo puede intervenir cuando son investigados funcionarios públicos pero que Arribas no lo era en la época de los hechos. La PIA ya había dicho que su función es investigar “corrupción”, no funcionarios. Para el tribunal, no importa si hubo delito.El fallo de Casación cerró las puertas de un plumazo a la investigación, que representa una de las aristas rastreadas sobre el pago de sobornos de parte de la constructora Odebrecht. Lo firman Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Ángela Ledesma, que declaran “inadmisible” el reclamo de la PIA.

Juan Carlos Gemignani (h) asumió como juez de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación en 2011, pese a haber estado inhibido por perder un proceso por mala praxis en el año 2002, algunos meses antes de ocupar un Juzgado Penal en Santa Fe.El magistrado es hijo del fallecido abogado Juan Carlos Gemignani, quien ocupara el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en su normalización democrática y que fuera, con posterioridad, miembro original del Consejo de Magistratura en su primera conformación tras la reforma de 1994.“Juanca” cómo se lo conoce en los ámbitos universitarios, nunca tuvo el peso académico de su padre pero alcanzó altas responsabilidades en el Poder Judicial, a través de sus buenas relaciones con actores estratégicos del Foro. Como abogado ya tenía antecedentes de reclamos de sus clientes, que fueron resueltos antes del comienzo de su tarea en la justicia.