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Qué le espera a las Provincias luego de las elecciones

post octubre

El presidente Macri tiene lista una serie de medidas económicas para aplicar luego de las generales de octubre. Blanqueo laboral, la guerra contra el impuesto a los ingresos brutos y el fin de la emergencia económica son parte del plan del Gobierno Nacional.

Foto La Nación.-





El Gobierno Nacional ya tiene preparado su plan económico para después de las elecciones generales que se desarrollarán el próximo 22 de octubre, que incluiría el fin de la ley de emergencia económica, que surgió en 2002, la reforma tributaria, el blanqueo laboral, lacompetencia interprovincial por los ingresos fiscales y la guerra contra el impuesto a los ingresos brutos y algunas tasas municipales.


Según el diario La Nación, el primer objetivo será la aprobación del presupuesto 2018 y con una inflación controlada y un dólar a 19,30, el Gobierno pondra en marcha un esquema de recorte gradual del déficit fiscal, para luego librar una de las principales batallas políticas: se dará pelea a Ingresos Brutos, a algunas tasas municipales y al impuesto al cheque, con el objetivo de ir reduciendo sus alícuotas de manera gradual. "La carga impositiva asfixia el crecimiento del sector privado en las provincias. Es fundamental cambiar esto urgente", afirmó el Presidente a su mesa chica.


Para las provincias, el presidente Macri tiene objetivos claros como la ley de responsabilidad fiscal, ya que según afirman desde Casa Rosada, "si las provincias se ajustan a la ley con la que se comprometieron no habrá problemas de fondo para sus finanzas y estarán en superávit en dos años".


Por otro lado, los distritos argentinos deberán liderar la competitividad interprovincial. El objetivo es transparentar en rankings abiertos las distintas cargas que tienen los inversores, las diferencias y las oportunidades en cada provincia del país.


En diciembre, la administración del presidente Macri tiene prevista dejar de renovar la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, más conocida como emergencia económica. En el Gobierno creen que el contexto ya no es el mismo y que las facultades delegadas al Ejecutivo no serán necesarias. Cabe recordar que fue votada en enero de 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de una crisis económica y social sin precedente.


Esta delega en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fije el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica, todos esquemas de poder más afines con las políticas anteriores que con las actuales.