Más que una sentencia

OPINIÓN

Durante el operativo independencia se cometieron delitos de lesa humanidad; los resultados de este histórico juicio demuestran que el plan sistemático de violación de derechos humanos tuvo sus primeras manifestaciones en Tucumán en el año 1975.


“Extremista muerto por una Patrulla Militar”; “Detuvieron a seis miembros de una organización extremista”; “Tucumán: El Ejército abatió a dos guerrilleros”, son solo algunos de los miles de titulares que publicó La Gaceta, el diario más relevante de la provincia desde febrero de 1975 y a lo largo del Operativo Independencia. Durante ese período llegaron a la prensa las fotografías de los “extremistas” abatidos en supuestos combates. Hoy, después de la sentencia de la Megacausa Operativo Independencia, sabemos que esto no fue así. El 27 de abril de 1975 en el titular incluso figura la foto del “extremista” muerto, José Medina Gramajo, una de las 266 víctimas de la causa. Medina Gramajo, al igual que la mayoría de las víctimas, fue secuestrado de su casa a la madrugada, torturado y luego asesinado. En su caso, su cuerpo fue removido del lugar y utilizado para fraguar un enfrentamiento. 42 años después, el Tribunal Oral Federal de Tucumán sienta un enorme precedente para la Justicia que determinó que entre el 5 de febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, el decreto firmado para ‘aniquilar la subversión’ fue el primer ensayo del Terrorismo de Estado antes del golpe cívico-militar. Con esta sentencia queda comprobado que existió un plan de violación sistemática a los derechos humanos que comenzó en el marco de un gobierno formalmente democrático. Además, los delitos fueron calificados como delitos de lesa humanidad, esto quiere decir que se comprobó la existencia de un plan destinado a cometer un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.

Durante muchos años la idea de la guerra ha justificado estos crímenes desde los sectores de ultraderecha (e incluso dentro del sentido común popular): La gesta heroica de los salvadores de la Patria que llegaban a librarnos de ese tan temido enemigo: el subversivo.  A la luz de los hechos probados queda claro que no hubo ni guerra ni “demonios”. Cuando el Estado es el que decide poner todo su aparato al servicio del terror no hay prescripción posible, no hay parangón en la sociedad civil. Si te secuestran de tu casa, o de un casamiento como el caso de los hermanos Aranda, y te llevan vendado, te torturan, te castigan sin juicio previo y desaparecen tu cuerpo, ¿dónde está la guerra?

Durante este juicio se escucharon los testimonios más duros. Personas que nunca habían hablado de lo que les ocurrió se animaron a contarlo por primera vez. Se reconstruyeron además los lugares de los hechos en 8 inspecciones oculares, donde se probó que ingenios azucareros fueron convertidos en escenarios del horror y escuelas en salas de tortura.11 de las 266 víctimas de la causa fueron identificadas en el Pozo de Vargas, arrojadas allí y luego cubiertas de escombros para esconder los crímenes. Además, llama particularmente la atención el rol de participación de las 19 empresas mencionadas en la causa. Empresas en las que se emplazaron Centros Clandestinos o que se vieron beneficiadas por la desaparición de sus empleados agremiados.

La palabra de las víctimas, la prueba material, los cuerpos, entre otras, permitieron armar el rompecabezas, identificar el objetivo real del Operativo Independencia: disciplinar a la población y desaparecer a cualquier fuerza opositora. Es por ello que todas las pruebas (y la sentencia misma) tiran por tierra cualquier mito de la “guerra”.


Una sentencia histórica con sinsentidos y sinsabores

Una sentencia con 17 imputados, 6 con condena a perpetua, pero también con 7 absoluciones. La más sorpresiva, la más grave de todas, es la de Parada, ex militar con el rango más alto de todos los imputados en el juicio y a cuyo cargo estaba la base que funcionó en Santa Lucía. Esta fue, junto a la Escuelita de Famaillá, epicentro de la ocupación militar. La acusación sostiene que fue el principal responsable durante el Operativo Independencia de los secuestros y desapariciones en esa zona, que en este juicio ascendieron a alrededor de 20 casos.

Otro caso llamativo es el de Jodar, policía que tenía a su cargo la zona departamental de Trancas y, por ende, tenía personal a su cargo. Sobre todo sorprende por la cantidad de testigos de Tafí Viejo que lo mencionan y lo ponderan como un jugador clave del terrorismo de Estado ahí. ¿Cómo se han valorado, entonces, estas pruebas? ¿Cuál es el valor asignado a sus declaraciones? Los testigos que tuvieron que exponer con valentía  ante el Tribunal los horrores vividos seguramente también se lo preguntan.

Otro punto complejo es el de las absoluciones en las que se consideró la existencia de un error de prohibición, esto quiere decir que el tribunal entiende que los imputados no conocían o no entendían que cometieron un error a la hora de actuar y pensaban que estaban autorizados por la ley. Esta figura jurídica, inédita hasta ahora en casos de lesa humanidad, es al menos peligrosa, en tanto parece una forma encubierta para justificar las acciones delictivas durante el Operativo Independencia. Llama la atención sobre todo porque en algunos casos los imputados ya habían sido condenados por delitos similares en dictadura sin tener en cuenta ese “error” .

Todo esto resulta aún más alarmante en el contexto político actual. Un contexto signado por la criminalización y demonización de la militancia y la protesta social; contexto en el que una vez más el otro es nombrado desde la peligrosidad, adjetivado como un otro distinto a un “uno” generalizado: un otro despojado de su condición humana, al que vale negarle derechos.   Niños y niñas convertidos en criminales, indígenas terroristas, migrantes narcotraficantes, mujeres nazis. La lista se hace larga, parece no terminar.  A su vez, se suma el endurecimiento de las fuerzas de seguridad con prácticas que están lejos de respetar los parámetros internacionales de DDHH y los protocolos creados. Todo desde una grave legitimación política de esas prácticas.

Esta sentencia se inscribe en tiempos políticos del 2x1, de desmantelamiento de programas de protección a las víctimas, de cuestionamiento al número de desaparecidos, de domiciliarias masivas a los genocidas, y otros muchos retrocesos. En Tucumán las huellas del terrorismo de Estado han seguido los derroteros de la legitimación en la figura de Bussi, incluso en democracia. Hoy, su hijo levanta las banderas del padre y arma su campaña sobre la promesa de sacar el Ejército a las calles. Durante las PASO se ubicó como tercera fuerza en la provincia, signo inquietante tanto del peso que todavía tiene su discurso como de la aceptación que generan sus propuestas.

Sin embargo, es también por eso, por este contexto hostil, que estamos frente a una sentencia histórica, derribadora de mitos.


Seguiremos luchando

“Un juicio es más que una sentencia”, expresa Tina Gardella en la última nota publicada por el Diario del Juicio de Tucumán. Es cierto, la sentencia es sólo el punto de llegada luego de un largo camino de sacrificio y trabajo duro. Con 266 víctimas, 17 imputados, 455 testigos este ha sido sin dudas el juicio más grande de la provincia. Los querellantes, la Fiscalía pero también los organismos, los testigos, los peritos y los familiares le han puesto el cuerpo a las 88 audiencias a lo largo de estos 16 meses. A ellos nada más (y nada menos) que decirles gracias. Por la valentía, el compromiso, el estudio, el corazón, por inspirarnos… por hacernos entender, de cuerpo presente y en primera persona, que vale la pena, que lo imposible sólo tarda un poco más… Seguiremos luchando, peleando para adelante, por los 30 mil, por la Memoria, la Verdad y la Justicia.





Ana Laura Lobo Stegmayer es Directora Ejecutiva de ANDHES.
Estudió ciencias de la educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.






Ana Daneri es Coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia en ANDHES.
Estudió Cine y Letras en la UNT y actualmente trabaja como periodista en La Gaceta.




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