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La escala de la participación ciudadana

Opinión

La arquitecta Agostina Rossini analiza los límites de la movilización de los vecinos en torno al reclamo por la Casa Sucar y la tala de un árbol en 25 de Mayo al 700.

Foto gentileza Tucumanxs a Favor de la Casa Sucar


En los últimos días la prensa dio a conocer dos noticias que, con diferente repercusión, son reflejo de la calidad del espacio urbano: una es la demolición de la casa subsiguiente a la Casa Sucar (ubicada en Salta 500) y la otra es la tala del árbol en 25 de mayo al 700

El primer hecho es la culminación de un largo y discontinuo proceso que se inicia en el año 2011, en la voz y las acciones de diferentes grupos académicos, políticos y ciudadanos que expresaron su interés por preservar el patrimonio ambiental del Boulevard Salta

Luego, el debate fue incluyendo otras miradas, transformándose en una discusión sobre el derecho a la ciudad como lo planteamos desde “Tucumanxs a Favor”, colectivo autogestionado del que formo parte, el cual protagonizó en la vereda de la Casa Sucar una manifestación cultural sostenida durante tres meses con un final aparentemente feliz o quizás… no tanto, ya que meses después seguimos esperando la sanción de la ordenanza que preserve toda la cuadra. Mientras tanto, avanza la presión inmobiliaria que, con 18 pisos, amenaza desarticular el equilibrio ambiental del sector.

La segunda noticia fue instantánea, comenzó con un grito agudo de indignación en redes sociales, llamando la atención de los medios de comunicación de una manera veloz y eficaz, concluyendo este episodio en la clausura del local y entrevistas a las autoridades competentes.

Si bien ambas tienen escalas y efectos diferentes, comparten una clara reacción de rechazo por parte de los sectores ciudadanos activos donde subyacen otras cuestiones que, mencionadas en abstracto, pueden servir para abordar cualquiera de los dos casos.


Hipótesis uno: anecdotario de celebraciones o duelos. Estamos acostumbrados a felicitarnos entre nosotros o a quejarnos haciendo descargos en algunas conversaciones sobre situaciones cotidianas en el ámbito civil. Este abanico de noticias que calientan las redes por un tiempo, quedan en el olvido de a poco y nuestra memoria selectiva nos impide hacer una reflexión integral sobre algunos problemas que perduran en el tiempo y que conllevan procesos muy largos para ser modificados. No todos los logros en base a reclamos sirven para cimentar los logros obtenidos en un futuro a mediano o largo plazo.


Hipótesis dos: la falacia de la sustentabilidad. La llamada sostenibilidad urbana es un tema complejo y a veces mal entendido. No hay que desmerecer en absoluto los esfuerzos que hacen los colectivos que defienden el medio ambiente, ya que son los que toman la iniciativa de concientizar sobre los recursos naturales y el uso que hacemos de ellos. Pero también es cierto que estas puntuales movilizaciones sociales no son incluidas en políticas urbanas integrales estratégicas.

Aquí tampoco pongo en cuestionamiento el recambio de las construcciones en la planta urbana. Inmovilizar la ciudad no es defender el patrimonio. Si bien es necesario que las ciudades vayan modernizando su tejido urbano, estos cambios deberían ser producto de políticas que contemplen la correcta relación entre las funciones, las redes de infraestructura, la capacidad de servicios que puede brindar una zona, etc. Si esto no ocurre, la pregunta es ¿a costa de qué crece en altura y se satura el microcentro? Hoy en Tucumán, la tendencia es indefectiblemente pujante a colapsar el centro, crear barrios dormitorios en las periferias, exprimir la capacidad de las parcelas (lógicamente donde el suelo tiene más valor) y evadir la mayor cantidad de recomendaciones para crear viviendas humanamente habitables. Todas estas cuestiones se plantean como imposibles de evitar. La diferencia está en sabernos responsables de la huella que imprimimos en la construcción de la ciudad.

Lo que hace sustentable a una ciudad son, en definitiva, las políticas integrales que sostienen alguna dinámica que consuma lo menos posible los recursos, o que lo haga de una manera responsable. Si ya se, parece utópico. Por ejemplo de nada sirve que se planten más árboles en el centro si se talan los arboles de todo el pedemonte y se modifica el funcionamiento de las cuencas hídricas. Tampoco es sostenible utilizar la expropiación como única herramienta posible para proteger los inmuebles históricos, ya que existen otros instrumentos legales de gestión urbana que devienen en políticas urbanas transformadoras.


Hipótesis tres: habitar el espacio público. El concepto del “derecho a la ciudad” surge en 1968 con Henri Lefebvre (filósofo y geógrafo) y más adelante es tomado por David Harvey (geógrafo y teórico social) donde expone lo siguiente: “El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más descuidados” (2008).

La participación ciudadana existe hoy en la mayoría de los casos como forma de reclamo ante un hecho negativo o indignante y no en espacios de decisiones o al menos de expresión de deseos de los colectivos urbanos. Los derechos no son bondades que ya existen en el mundo cuando llegamos, sino conquistas sociales. Visibilizar una lucha es legitimar un derecho. En nuestro medio se encuentran pocos casos de participación en etapas previas a las decisiones de políticas ejecutivas o de planificación, lo cual debería ser un horizonte posible el cual perseguir.

El espacio público es mucho más que lo no-privado: es una construcción histórica, cultural y geográfica por lo que son los individuos los que le imprimen su identidad. Allí se dan las manifestaciones culturales y la ciudad se torna un contenedor de actividades. Es decir que en la medida que un pueblo se involucra en las decisiones, estará habitando su espacio público.

Como conclusión puedo aportar que es necesario repensar el derecho a la ciudad como el derecho a apropiarse, a acceder, a transitar, a gozar de los bienes y servicios urbanos. Tanto en el inmueble de Salta 500 como el liquidámbar de 25 de mayo 700, encuentran su punto de conexión en los vecinos que ejercen este derecho con acciones concretas, pero con logros efímeros en tanto que no formen parte de políticas urbanas estratégicas.

Hablamos del derecho a hacer ciudad.


Agostina Rossini (25 años) es egresada de la Escuela de Bellas Artes, graduada de la UNT como Arquitecta (marzo 2017) y fotógrafa freelance. Integró el colectivo Tucumanxs a Favor y grupos de investigación. Actualmente trabaja en la Municipalidad de Tafí Viejo.