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La Megacausa Operativo Independencia llega a su fin este viernes

LA SENTENCIA

El Tribunal dará a conocer su sentencia a 10 ex militares, nueve ex policías y un ex gendarme imputados por robo, secuestro, tortura y homicidios cometidos contra más de 200 víctimas, de las cuales 116 continúan desaparecidas.

Afiches de detenidos desaparecidos en asientos del Tribunal Oral Federal. FOTO: Elena Nicolay





Este viernes a las 15 se conocerá la sentencia contra los 17 imputados por delitos de lesa humanidad en el marco de la Mecagausa: Operativo Independencia, que aborda crímenes cometidos en contra de 270 víctimas entre 1975 y 1976.

Las puertas del Tribunal Oral Federal (TOF) ubicado en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez abrirán a las 14.30. Media hora después se leerá el fallo elaborado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Se podrá seguir a través de altoparlantes y pantallas ubicadas al exterior del edificio.

Está programada la interrupción del tránsito en las inmediaciones del TOF, en la esquina de Crisóstomo y Ayacucho, de oeste a este, y en Chacabuco y 24 de Septiembre, de norte a sur. Tras la lectura de la sentencia, organismos de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos marcharán hacia Plaza Independencia, donde a partir de las 17 se realizarán una serie de actividades artísticas.




El juicio oral comenzó el 5 de mayo de 2016. Según información oficial, se realizaron 88 jornadas de audiencias, declararon 455 testigos, se escucharon más de 1.400 testimonios y se hicieron ocho inspecciones oculares. Se trató del proceso judicial más grande de la región. Este viernes se cumplirán 498 días desde el inicio.

"La determinación, puesta en marcha días después durante el gobierno constitucional, desató en la provincia un violento plan sistemático de exterminio de opositores mediante el terrorismo de Estado y con la complicidad de factores de la sociedad", reza la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal.


Algunos datos

- Algunas de las 270 víctimas (53 mujeres y 217 varones) sufrieron más de un secuestro, por lo que durante el debate se ventilaron 286 casos de secuestro.

- 116 de las 270 víctimas continúan desaparecidas, 100 fueron liberadas, 17 asesinadas y 37 "legalizadas", es decir, reconocido su cautiverio tras pasar el encierro en la clandestinidad y luego puestas en libertad.

- De los 286 secuestros, 208 se produjeron en los domicilios de las víctimas.

- Fueron denunciados 41 lugares de detención clandestina en toda la provincia, distribuidos en nueve departamentos. Los puntos principales de concentración fueron el denominado centro clandestino de detención la Escuelita de Famaillá, la Jefatura policial, la Brigada de Investigaciones y el penal de Villa Urquiza.


Los imputados

1) Roberto Heriberto Albornoz

2) Ramón César Jodar

3) Ricardo Oscar Sánchez

4) Miguel Ángel Moreno

5) José Luis Del Valle Figueroa

6) Jorge Gerónimo Capitán

7) Enrique José Del Pino

8) Alfredo Alberto Svendsen

9) Néstor Rubén Castelli

10) Luis Armando De Cándido

11) Pedro Adolfo López

12) Jorge Omar Lazarte

13) José Ernesto Cuestas

14) Francisco Camilo Orce

15) José Roberto Abba

16) Omar Edgardo Parada

17) Manuel Rubén Vila


Las imputaciones

Los delitos que se juzgan son considerados como crímenes de lesa humanidad para el derecho internacional. En la acusación, la Fiscalía los encuadró en esa tipología y en base al Código Penal de la Nación como violación de domicilio, robo doblemente agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en banda y en poblado; privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones; torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad; violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas y abuso deshonesto agravado; y asociación ilícita.


El Operativo Indenendencia

El 5 de febrero de aquel año, mediante el decreto secreto 261/75, la entonces presidenta de la República, María Estela Martínez de Perón, autorizaba el inicio del “Operativo Independencia”.

"El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán", anunciaba el lúgubre texto del documento.



Fue en la provincia en donde se instaló el primer Centro Clandestino de Detención (CCP), en la "Escuelita de Famaillá". Por allí pasaron entre 2.500 y 3.000 personas.

"Tucumán fue un 'tubo de ensayo' de las prácticas represivas y de terror que se extenderían a todo el país después del Golpe de Estado de mayo de 1976", según consta en el expediente.

Acdel Edgardo Vilas estuvo a cargo del operativo en un primer momento, hasta la llegada de Antonio Domingo Bussi.

"Tucumán era considerada zona militar desde el ramal de la ruta 38. Cuando llegan, instalan el centro operativo en Famailla y la base en Santa Lucía, que era en ese momento el paso obligado hacia los Valles. Así van tomando a su paso las localidades de Símoca, Bella Vista, Río Colorado, Monteagudo, La Madrid", describió Estela Assaf, militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e integrante del equipo de trabajo del área de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, al tratar de recordar el mapa de la geografía del sur del tucumano, con sus pueblos y comunas de gente trabajadora, dedicada en su mayoría, a la producción.