Redefinirán los plazos del Plan Interzafra

La denuncia de un productor de limones sobre las dificultades que supone para las empresas tucumanas contratar personal durante la campaña, desvió la mirada hacia las modificaciones que deberán implementarse este año en el Plan Interzafra.  

"Tenemos problemas para conseguir personal. Pedimos ayuda al Ministerio de Trabajo, pero en ciudades de la zona no se busca empleo. Competir con los planes Interzafra (por los que la provincia paga salarios a quienes trabajan en las cosechas) de Juan Manzur es imposible", explicó el empresario Jorge Seleme, propietario de la citrícola Veracruz, en diálogo con el diario La Nación.

Consultado sobre el funcionamiento de estos beneficios, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Guerra, adelantó a eltucumano.com que los planes Interzafra será reformulados debido a que se registran problemas en su implementación. Según explicó el funcionario nacional, la dificultad de los empresarios para tomar personal radica en que los planes se empiezan a pagar antes de que termine la campaña. En esta situación, los empleados rurales se ven obligados a dejar su trabajo antes de tiempo para no perder el beneficio. Es decir, el Interzafra está desfasado en relación a los plazos de la producción.

Tal como establece la actual normativa, el beneficio se paga a partir de octubre. La modificación, que se debatirá el próximo 4 de julio con representantes de todos los sectores involucrados -Ministerio del Trabajo de la Nación en la Provincia, la Cámara de Productores de Limón y de Arándano, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Gerencia de Empleo-, prevé que los trabajadores reciban el beneficio a partir de diciembre en adelante, cuando no se trabaja en la cosecha.

Sobre las declaraciones de Seleme, Guerra pidió “prudencia”. “Mi postura es defender a los trabajadores. Tenemos que pensar en que necesitan el beneficio para todos los meses que no están en actividad”. Y reparó en que muchos empleados dejan el trabajo para no perder el beneficio. "No podemos culparlos cuando sabemos que en esos meses, en que se celebran las Fiestas, necesitan mantener su ingreso".  

El trasfondo

El propietario de Veracruz S.A, había denunciado también a través de una solicitada publicada durante mayo en La Gaceta y en La Nación que a pesar de tener montada una procesadora de limones desde 2011, la misma no está funcionando por decisión de las autoridades municipales. En la denuncia, indicaba que con esta actitud se impide el acceso de 200 personas a un trabajo genuino.

"Nuestra empresa, previo al inicio de la obra, obtuvo el permiso correspondiente en la Municipalidad de Lules y luego de una gestión (con estudio del PROIMI-CONICET mediante) obtuvimos el Apto Ambiental otorgado por las autoridades competentes de la Provincia de Tucumán y habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por el municipio no logramos su apertura", indica un pasaje del texto.

El intendente de Lules, Carlos Gallia, respondió a las acusaciones. “Ellos comenzaron la construcción de la planta sin autorización municipal en un radio céntrico cuando es una actividad altamente contaminante”. En diálogo con el programa radial "Café Prensa", el jefe comunal afín al gobierno provincial aclaró que “en su momento, el intendente la clausuró en 2010, ellos hicieron caso omiso y siguieron avanzando. En 2011 se volvió a clausurar y finalmente en 2012 se judicializó el tema”. Por último, mostró su postura firme al aclarar: “no voy a poner en juego la salud de mi población. Toda la población está en alerta y movilización por este tema”.