Sobre decks y topadoras

OPINIÓN

Damián Schusterman analiza el conflicto entre la Municipalidad y vendedores callejeros que desembocó en el desalojo y destrucción de puestos de venta.

Foto de eltucumano.com


Como cualquier mañana

La semana pasada, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán salió bien temprano a barrer la vereda. Consideró que estaba sucia y que había que limpiarla. No utilizó escobas. Tampoco recurrió a la eficiente manguereada mañanera. Lo que pareció una mejor opción en ese momento fue usar topadoras. Como quien le pone un poco de color —amarillo Caterpillar— a la mañana.

Además, no fueron trabajadores de la Empresa 9 de Julio quienes estuvieron limpiando. No. Se encomendó el quehacer a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, en conjunto con la Policía de la Provincia.  Y también, firme colaboradora, estuvo la Policía Federal.

La triste y eminentemente violenta imagen habla por sí sola. Desnuda la ausencia de voluntad por parte del gobierno capitalino para canalizar el conflicto de intereses sociales de manera concertada, sensible y, por sobre todo, justa. Por lo contrario, se refuerzan antagonismos que rompen con el sentido de comunidad a partir de la negación, justamente, de lo común.

Particularmente ilustrativo resultará tomar en consideración que, ya acontecido el hecho, desde el municipio que gobierna Germán Alfaro se buscó legitimar ese modus operandi apelando a las voces anónimas de “los vecinos”, quienes son presentados como aquellos que se encontrarían en las inmaculadas antípodas de “los usurpadores”. Se desconoce de plano, así,  el hecho de que un barrio se conforma no sólo por sus residentes, sino también por quienes legítima y pacíficamente ven transcurrir su día a día en él. En otras palabras, por quienes experimentan una apropiación afectiva de un lugar, que implica mucho más que un espacio.

Podría argüirse que la Municipalidad estaba simplemente acatando una sentencia judicial que disponía el desalojo de los trabajadores y trabajadoras que ocupaban las veredas de Avenida Sáenz Peña. Pero esta justificación no puede sostenerse. Entre lo que la norma dispone y su aplicación siempre existe —por definición— una distancia en la que intervienen una serie de factores y sujetos que, con márgenes más o menos amplios de discrecionalidad según el caso, determinan el cómo y el cuándo de esa aplicación. De tal circunstancia da fe, por ejemplo, la gran cantidad de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación pero que, sin embargo, no son operativas a falta de los decretos reglamentarios (que debe dictar el Poder Ejecutivo) que regulen su implementación.

En el caso concreto que nos ocupa, la Municipalidad dispone del margen de maniobra suficiente que le hubiese permitido resolver la situación de una manera diferente. Hay dos bienes jurídicos —el derecho al trabajo y el derecho al libre aprovechamiento del espacio público— que circunstancialmente entraron en conflicto, pero que de ninguna manera son antagónicos, como pareciera insinuar el espectáculo brindado por la Municipalidad. Al contrario, pueden —y esencialmente deben— ser armonizados. Y en ese punto es en donde debe entrar en juego el ingenio, la destreza de gobierno y, fundamentalmente, la voluntad para encontrar soluciones que se ajusten a un criterio de equidad y justicia social.

 

Los burros para el estanciero

Como apostilla, quiero decir que me parecieron particularmente ingeniosas las comparaciones que inmediatamente comenzaron a circular haciendo alusión al trato diametralmente distinto que reciben por parte del Municipio los puestos de la Avenida Sáenz Peña y los bares de la calle Santa Fe al 500.

La invocación de esos bares que se encuentran frente a la Plaza Urquiza y ocupan (con sus pitucos decks) media calzada a lo largo de 40 metros amerita —aunque sólo sea por tirar la piedra— que nos detengamos en un detalle que tal vez antes haya pasado desapercibido: al otro lado de la plaza, sobre calle muñecas al 800, se encuentra el Colegio Nacional. Estamos hablando de un importantísimo establecimiento educativo público al que asisten y en torno al cual circulan un gran número de menores y adolescentes. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las semanas. Y sin embargo, ¿sobre cuál de las calles que rodean la plaza se colocaron (no uno, sino) dos lomos de burro? Siendo éstos elementos de prevención para las personas y cosas que los rodean, ¿a quiénes se decidió deliberadamente proteger?

Casualmente, al permiso especial (¿VIP?) para estos bares lo concedió en su momento Domingo Amaya mientras era intendente de San Miguel de Tucumán. Ahora, al atropello lo ordenó Germán Alfaro, quien era en ese entonces el Secretario General de Amaya. Hoy ambos son dirigentes claves que forman parte del armado político de Cambiemos.

 

Ni oídos sordos, ni manos atadas

Usar topadoras para cumplir la orden judicial no era imprescindible. No era necesario. No era la forma. Literalmente se arrasaron fuentes de trabajo que, por más precarias que hayan sido sus condiciones materiales y reglamentarias, no dejaban de ser el digno sustento de una considerable cantidad de familias que no hacían nada que sea objeto de condena social.

Y claro que también hay que reivindicar y cuidar el espacio público. No todo es viva la pepa. Pero muy distinta hubiera sido la historia si se hubiesen generado instancias de diálogo y entendimiento de las cuales seguramente podrían haber surgido soluciones que habrían evitado daños innecesarios para cualquier persona.

La desigualdad no se esconde. Se la niega. No hace falta internarse en los suburbios para descubrirla. Puede manifestarse en una imagen, en una acción individual, en una medida de gobierno, o en un lomo de burro. Entonces, no hay excusas para negarla. Porque está en todas partes. Y desde ese mismo momento en que nosotrxs, sujetos sociales, la identificamos, abordar sus causas, o cuanto menos analizarlas con sensatez, se convierte en una responsabilidad.

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