El arte de la mediocridad: el nuevo proyecto contra la inseguridad

Proyecto o proyectil

Días atrás Eugenio Zaffaroni dijo en una nota que si el buen filósofo, para ser tal, nunca debía perder la capacidad de asombro, la Argentina debería ser un taller de formación en la disciplina.

Nosotros podríamos ir más allá y darle una vuelta de tuerca a la ¿metáfora?, y decir que si la Argentina es un taller de formación de filósofos, Tucumán es un Centro Especializado de Estudios Avanzados en Filosofía.

Para quien no esté al tanto, hago unas rápidas resultas. En el entorno legislativo comenzó a circular un proyecto de ley provincial, impulsado por un sector oficialista, que propone diversas maneras de combatir la inseguridad. En este paquete de medidas se destacan algunas de ellas, no tanto por su genialidad como por su ridiculez: se prevé prohibir que, durante las 24 hs. del día, dos hombres mayores de edad transiten en una misma moto; que las estaciones de servicio no puedan proveer de combustible a una persona que conduzca una moto sin casco, chaleco refractario, o sin inscripción del dominio del rodado; la creación de un cuerpo policial especializado en la persecución de los motochorros, utilizando al efecto grandes, imponentes y aspaventosos vehículos al estilo SWAT; y la intensificación de controles sorpresivos en cualquier punto de la Provincia.

El tan reciente como polémico proyecto nos obliga a concluir algo que podría resultar interesante: la mediocridad no es algo tan sencillo como se suele creer. Para nada. Esa mediocridad que abunda en la dirigencia política tucumana está tan (pero tan) universalizada, que para dar batacazos de desconcierto, estupefacción y rechazo de tanta calidad, debe requerirse de un esfuerzo a sobremanera; de un concienzudo empeño en forjar algo aún más berreta y mamarracho que cualquier otra cosa que se haya hecho en los tiempos hasta los cuales nuestra memoria alcanza.

Difícil es saber si estas ideas son el producto de largas horas de meditación, de una oscura capacidad intuitiva, o de espasmódicos influjos de conciencia divina.

Pero lo cierto es que el proyecto de ley existe concretamente como tal. Para analizar esta tentativa de parche, podríamos abordarlo a la luz de dos perspectivas distintas. Por un lado, un enfoque de corte ideológico o valorativo. Por el otro —y ya situados desde la lógica interna que impera en las mentalidades que encuentran soluciones en ideas de tal índole– desde la apreciación de su eventual eficacia.

Emergencia y atolondre

Vamos a empezar por la segunda. Y para esto vamos a valernos, lúdicamente, de algunos supuestos. Supongamos que si sólo circularan motos con sólo un varón a bordo, se reducirían los robos. Supongamos que si las estaciones de servicio fiscalizaran el abastecimiento de nafta a motovehículos, circularían menos de éstos, y por lo tanto habrían menos robos. Supongamos que si la fuerza policial dispusiera de vehículos de más calidad, operaría más eficazmente como fuerza, y por lo tanto, habrían menos robos. Supongamos que si aumentaran los controles vehiculares, circularían menos arrebatadores ante la posibilidad del control, y, por lo tanto, disminuirían los robos. Supongamos un montón de cosas.

Ahora bien, así como creo en la posibilidad de superar el prejuicio, creo también en aquello que enseña la historia. Y, en este caso, la sucesión relata que las soluciones salomónicas —de las cuáles intentaron echar mano distintos gobiernos provinciales, en distintos campos– nunca han funcionado en la provincia de Tucumán. Nunca han alcanzado a tener un grado de acatamiento pleno. Ni por parte de la ciudadanía, ni por parte de las autoridades u órganos de aplicación.

Y en esta última de las partes afinca el problema. El Estado tiene la responsabilidad de sus actos por el mismo hecho de ser el Estado. La aplicación de esas leyes y programas sacados de la galera y presentados como la solución, en nuestra provincia, comienza, siempre, con espectaculares despliegues, y luego, cae en el desuso, producto de una especie de abulia político-administrativa. Consecuentemente, hasta eso, los objetivos perseguidos ya han hacho agua por todas partes. Ya todos han encontrado la manera de esquivarle a la norma, de jugar la individual.

Demarcado el terreno, las preguntas que asoman serían las siguientes: no se pudo conseguir hasta el día de hoy que las personas circulen con la patente –y bien puesta– en la moto, ¿pero pretenden realizable conseguir que todo conductor circule utilizando chaleco reflectivo con la chapa patente inscripta en él? Acaso sólo la mitad de quienes conducen una moto utilizan el casco reglamentario, y eso que es un elemento de autoconservación personal imprescindible.

Todos los miércoles por la noche hay picadas de motos en determinadas zonas de la ciudad, completamente liberadas a tal fin, ¿pero de verdad piensan que van a instalar controles efectivos, es decir, incorruptibles y permanentes, que prevengan y sancionen la infracción? ¿Acaso no existen ya los resortes normativos y ejecutivos necesarios para implementar tales controles vehiculares en debida forma y pertinencia? ¿Cuál es la explicación de que los fines de semana, por ejemplo, los controles de alcoholemia brillen por su ausencia a las 6 AM, cuando es el momento de mayor infracción? ¿Qué nos hace pensar que este proyecto cambiaría esa realidad, si los implementadores y responsables son los mismos de siempre?

¿Realmente se cree que el control de documentación y requisitos en estaciones de servicio va a ser un escoyo al abastecimiento de combustible para  infractores (presuntos chorros)? Sólo digo, ¿no?, teniendo en cuenta que para evadir tal limitación es posible hacer algo tan simple cargar nafta en un bidón. Ninguna ingeniería del pensamiento.

En lo que respecta a la Policía de la Provincia, ¿no cuenta acaso ya la fuerza con equipamiento técnico suficiente para neutralizar el robo al menudeo? Porque la realidad es que, sin desconocer el gran contenido de violencia de los tipos de asaltos que se pretenden evitar –repudiables y condenables, claramente–, no hay que perder de vista que éstos sólo representan delitos de rapiña, vandálicos. Es decir, que están englobados en las modalidades más precarias o menos refinadas del delito. No se ve que la inclusión de motos de gran porte en la ecuación dé como resultado necesario la disminución de los robos en tal modalidad.

El subsuelo, viejo conocido

Luego del análisis de corte pragmático, pasemos a lo más profundo, a la línea, al discurso que subyace en medidas como éstas. Justamente en este plano es en donde no se va a decir nada nuevo, nada que no se haya dicho alguna vez. Pero no por eso resulta innecesario recordarlo. 

Proyectos como éstos no hacen más que reforzar estigmas que circulan en el imaginario social. En este caso, criminalizando a quien conduce una moto, a quien porta determinados rasgos o características estéticas. Se transforma a esa persona en chivo expiatorio, en potencial criminal, sólo por haber tenido la desgracia de nacer en un estrato social desfavorecido, y de no contar con los recursos necesarios para adquirir algún medio de transporte con más de dos ruedas. Pasando en limpio: lo que se criminaliza es la pobreza. Ni más ni menos. Tendencia de la época, quizás.

Además, queda señalado con el dedo del Estado –con todo lo que eso implica– cuál es el perfil del malviviente. Se promueve así una situación social asimilable a la de caza de brujas. Que, a su vez, no es otra cosa que implantar el Estado de Policía, antítesis del Estado de Derecho. Resulta que ahora un playero de estación de servicio se convertirá en juez, en cuasi agente público, autorizado a llevar a cabo una fiscalización de cumplimiento de determinadas exigencias legales (registrales, impositivas, etc), pudiendo denegar el suministro de combustible, es decir, aplicando una sanción ¿No será mucho?

Luego, el funcionamiento de la fuerza policial (qué tema…), como sabemos, se encuentra viciado  de raíz. La connivencia existente (por acción u omisión) entre las fuerzas de seguridad interior y el delito, su bruteza, y su falta de preparación (adecuada a estándares de DDHH) son las verdaderas causas de la ineficacia de la prevención policial. Entonces, ¿realmente proyectan que si la Policía conduce motos BMW, van a perseguir más y mejor a los delincuentes, y por lo tanto, reducir el delito? Se pretende delegar a la máquina la responsabilidad de solucionar aquello que solamente puede hacerlo la humanidad.

El mejor programa de prevención del delito que –a largo plazo– puede realizarse, no consiste en atacar la inseguridad –la punta del iceberg–, sino en reforzar la seguridad social, lo cual se traduce en garantizar verdaderamente el acceso de las capas poblacionales más desfavorecidas a bienes y servicios básicos, del orden de la salud, la educación, el trabajo, y la cultura. Y esto, claramente, sin contar la necesidad de un Sistema Penitenciario y un Poder Judicial idóneos (que no es lo mismo que eficientes), que actúen ajustados a derecho.

Miradas cortas

Quitarle entidad o desconocer la problemática de la inseguridad sería insensato. Por más que ésta sea la mayoría de las veces puesta sobre la mesa por sectores reaccionarios, no debe ser desestimada como asunto digno de discusión a partir perspectivas integrales, pensadas desde lo social, en su amplio sentido, fundamentalmente.

No es inválido per se abordar determinado fenómeno desde sus manifestaciones emergentes. En este caso, la comisión del delito. Caeríamos en un progresismo ingenuo si afincásemos en esa postura. Lo que sí es inválido es pensar que atacar el emergente resulta suficiente. Mientras tal implementación no sea acompañada por una línea de acción política y social de fondo, tendiente a visibilizar, remover y abordar la problemática subyacente, cualquier intentona de “solución” no será más que puro show.

¿Cuál es el objetivo velado –real– de este proyecto? Aparentar preocupación. Tranquilizar y conformar a las clases medias y altas recurriendo a determinados elementos útiles para encausar y tapar la violencia existente a través del disciplinamiento de los sectores postergados.

No se trata de soslayar o desconocer el sufrimiento concreto y vivencial que padece la víctima del delito. Todo lo contrario. Justamente, en honor y atención a esa vulneración es que deviene necesario abordar el problema desde sus orígenes, sus entrañas, con la intención real de aportar una solución adecuada, eficaz e inclusiva.

El largo plazo es un elemento ausente en la política local. El sentido de proceso es un relato de leyenda, de los cuales descree el gobernante y el gobernado. El ya, la emergencia, marca agenda con total soberanía. Pensar una idea de provincia, una idea de Estado, una estrategia social de Gobierno, en Tucumán, integra el orden de lo surreal o de la fantasía.

Mientras la decisión política siga siendo tomada con desinterés, mediocridad, mezquindad, y liviandad, vamos a tener show para rato. Vamos a tener mucho para sorprendernos. Vamos a tener mucho para reír. Sí, reír. Pero por no llorar.