Procesan a cuatro empresarios agrícolas por trata de personas
La finca estaba arrendada por la citrícola San Miguel. Se los acusa de realizar falsas ofertas laborales y de alojar 13 trabajadores en condiciones infrahumanas y carentes de higiene.
La Cámara Federal de Tucumán, en línea con lo solicitado por el fiscal Antonio Gustavo Gómez, procesó a cuatro empresarios agrícolas por trata de personas con fines de explotación laboral en la finca “Las Marías”, arrendada por la citrícola San Miguel.
Por el hecho fueron procesados Felipe Indalecio Racedo y Pedro Benigno Banegas (apoderado y CEO de la citrícola San Miguel respectivamente), y los subcontratistas Fernando Manuel Seone y Luis Fernando Rico.
Están acusados de engañar, a través de falsas ofertas laborales, a 13 trabajadores rurales de Santiago del Estero en situación de vulnerabilidad y obligarlos a “realizar tareas vinculadas a la cosecha del limón en la más absoluta clandestinidad laboral”.
Además, los imputados les inducían un mecanismo de deuda para descontarles del sueldo los gastos de traslado, el alquiler semanal del alojamiento y las compras de alimentos en el almacén que les indicaban (del mismo Benegas).
En la casa, según declaraciones, las víctimas estaban alojadas en condiciones infrahumanas y carentes de higiene: dormían en colchones en el piso, contaban con un solo baño para todos, no tenían agua caliente ni elementos de limpieza. Además, declararon que se alimentaban únicamente a base de fiambre y que a muchos de ellos no les permitieron tener ni su DNI ni celular.
Los jueces señalaron que “la situación de desamparo como consecuencia de la necesidad y del grado de pobreza en que se encuentran numerosas personas en la República, trae como resultado el desplazamiento humano por distintas regiones del país de acuerdo a su situación y que se denomina ‘golondrina’”.
Origen de la causa
La causa se inició cuando un ciudadano de La Ramada de Arriba efectuó una llamada al Ministerio de Seguridad de la Nación manifestando que en una casa había 30 personas alojadas en condiciones infrahumanas para trabajar en la cosecha del limón.
Luego de identificar el lugar, el 31 de mayo de 2013 el juez federal Daniel Bejas ordenó allanar el predio. En esa oportunidad, se constató la presencia de 13 víctimas de explotación laboral, la persona a cargo del campo y a dos “contratistas”.
Los imputados
La resolución inicial había sido apelada aduciendo “falta de mérito” en septiembre de 2015, pero el fallo fue revocado y los contratistas Felipe Indalecio Racedo y Pedro Benigno Banegas, y los empleados citrícolas Fernando Manuel Seone y Luis Fernando Rico fueron procesados.
Los jueces indicaron que puede presumirse “razonadamente la comisión del injusto penal atribuido a los encartados”. Con respecto a Felipe Indalecio Racedo y Pedro Benigno Banegas, eran quienes “se encargaban de captar trabajadores para la cosecha de limón, que se llevaba a cabo en la finca Las Marías, propiedad de María Teresa del Carmen Bollea, arrendado por la empresa citrícola San Miguel”.
Con respecto a Abraham Aurelio Andrada (fallecido), era el propietario del lugar donde se acogió a las víctimas, “percibiendo un monto de dinero por dicho acogimiento, con conocimiento de la finalidad de su explotación laboral”.
Fernando Manuel Seone es el apoderado de la citrícola San Miguel y Luis Fernando Rico es el CEO. Al momento de los hechos, “se encontraban a cargo de la explotación comercial d la firma, entre las que se incluye la cosecha de limones de la finca Las Marías, mediante contrato de arriendo. Para desplegar tal actividad, se acordaba con los subcontratistas Racedo y Banegas para que procuraran mano de obra”, agrega el fallo.
Falta de Mérito
Solo una imputada fue librada de la causa por falta de mérito: María Teresa Bollea, la propietaria de la finca, ya que se encontraba arrendada a la citrícola San Miguel, haciéndola indemne a cualquier situación que allí suceda.
Responsabilidad del Estado
Finalmente, hicieron hincapié en la falta de colaboración por parte del ministerio de Trabajo de la Nación quien “tomó nota de esta denuncia a través del conocimiento que obtuvieron por parte del Juez Federal” y que sin embargo no realizaron ningún informe. En esa línea, señalaron que “el trabajo de la fiscalía y el juzgado, a pesar de pretender direccionar la investigación de una manera efectiva, no lograron la cooperación necesaria de otros organismos del Estado y tampoco sus requerimientos fueron contestados en tiempo y forma. En particular, del ministerio de Trabajo nacional ausente no sólo en este expediente sino en toda la actividad laboral de estas características en el ámbito de esta provincia. ¿Será quizás por el argumento de que por la falta de trabajo se justifica la explotación laboral? ¿Será posible que se aprovechen de la propia situación de vulnerabilidad de los ‘trabajadores’ para no realizar los controles necesarios? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas y no producimos un cambio urgente en resguardo de estos trabajadores, veremos después de muchos siglos que la Asamblea del año XIII fue un fracaso”.
La Cámara Federal de Tucumán, en línea con lo solicitado por el fiscal Antonio Gustavo Gómez, procesó a cuatro empresarios agrícolas por trata de personas con fines de explotación laboral en la finca “Las Marías”, arrendada por la citrícola San Miguel.
Por el hecho fueron procesados Felipe Indalecio Racedo y Pedro Benigno Banegas (apoderado y CEO de la citrícola San Miguel respectivamente), y los subcontratistas Fernando Manuel Seone y Luis Fernando Rico, según indicó la web fiscales.gob.ar.
Están acusados de engañar, a través de falsas ofertas laborales, a 13 trabajadores rurales de Santiago del Estero en situación de vulnerabilidad y obligarlos a “realizar tareas vinculadas a la cosecha del limón en la más absoluta clandestinidad laboral”, según consideraron los magistrados.
Además, los imputados les inducían un mecanismo de deuda para descontarles del sueldo los gastos de traslado, el alquiler semanal del alojamiento y las compras de alimentos en el almacén que les indicaban (del mismo Benegas).
En la casa, según declaraciones, las víctimas estaban alojadas en condiciones infrahumanas y carentes de higiene: dormían en colchones en el piso, contaban con un solo baño para todos, no tenían agua caliente ni elementos de limpieza. Además, declararon que se alimentaban únicamente a base de fiambre y que a muchos de ellos no les permitieron tener ni su DNI ni celular.
Origen de la causa
La causa se inició cuando un ciudadano de La Ramada de Arriba efectuó una llamada al Ministerio de Seguridad de la Nación manifestando que en una casa había varias personas alojadas en condiciones infrahumanas para trabajar en la cosecha del limón.
Luego de identificar el lugar, el 31 de mayo de 2013 el juez federal Daniel Bejas ordenó allanar el predio. En esa oportunidad, se constató la presencia de 13 víctimas de explotación laboral, la persona a cargo del campo y a dos contratistas.
Los imputados
La resolución inicial había sido apelada aduciendo “falta de mérito” en septiembre de 2015, pero el fallo fue revocado por la Cámara Federal de Tucumán y los cuatro empresarios fueron procesados.
Con respecto a Racedo y Banegas, eran quienes “se encargaban de captar trabajadores para la cosecha de limón, que se llevaba a cabo en la finca Las Marías, propiedad de María Teresa del Carmen Bollea, arrendado por la empresa citrícola San Miguel”.
Abraham Aurelio Andrada (fallecido) era el propietario del lugar donde se acogió a las víctimas, “percibiendo un monto de dinero por dicho acogimiento, con conocimiento de la finalidad de su explotación laboral”.
Al momento de los hechos, Seone era el apoderado de la citrícola San Miguel y Rico el CEO. "Se encontraban a cargo de la explotación comercial de la firma, entre las que se incluye la cosecha de limones de la finca Las Marías, mediante contrato de arriendo. Para desplegar tal actividad, se acordaba con los subcontratistas Racedo y Banegas para que procuraran mano de obra”.
Falta de Mérito
Solo una imputada fue librada de la causa por falta de mérito: Bollea, la propietaria de la finca, ya que se encontraba arrendada a la citrícola San Miguel, haciéndola indemne a cualquier situación que allí suceda.
Responsabilidad del Estado
Finalmente, hicieron hincapié en la falta de colaboración por parte del ministerio de Trabajo de la Nación quien “tomó nota de esta denuncia a través del conocimiento que obtuvieron por parte del Juez Federal” y que sin embargo no realizó ningún informe.
En esa línea, señalaron que “el trabajo de la fiscalía y el juzgado, a pesar de pretender direccionar la investigación de una manera efectiva, no lograron la cooperación necesaria de otros organismos del Estado y tampoco sus requerimientos fueron contestados en tiempo y forma".
Fuente: http://www.fiscales.gob.ar/trata/tucuman-revocaron-la-falta-de-merito-de-cuatro-empresarios-agropecuarios-acusados-de-explotacion-laboral/
